Esta insignia acredita que la persona cursó y comprendió los estándares jurídicos que debe cumplir toda producción legislativa en Colombia: el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, los estándares del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de derechos humanos, y los enfoques diferenciales (género, OSIEGD, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, campesinado, niñez, juventudes) y territoriales exigidos por la Constitución de 1991. Quien la obtiene es capaz de evaluar si un proyecto de ley o un acto legislativo responde a estos estándares y de identificar riesgos de responsabilidad internacional o de inconstitucionalidad por ausencia de enfoque diferencial.